Ley de Rebaja Penal Juvenil: Un eslabón más dentro de la Cadena de Contención Social y Explotación Laboral en Chile
Por Isis Valencia.
Es evidente como la flexibilidad laboral ha cambiado la situación laboral de la clase trabajadora en Chile durante los últimos 20 años. Actualmente, el porcentaje oficial de sindicalización no supera el 10%, un 68% de trabajadores no cuenta con contrato de trabajo -según la encuesta CASEN de 2003- un número de trabajadores, sin duda, mucho mayor está sin contrato indefinido, un 38% de trabajadores se desempeña en lo que los economistas califican como “empleo informal”, es decir, trabajo temporal sin ningún tipo de seguridad social como por ejemplo es el caso de los vendedores ambulantes, lo cual entre muchas otras variantes ha traído como consecuencia una población de trabajadores atomizada y segmentada en categorías que van desde la primera a la última de acuerdo al grado de inestabilidad, precariedad laboral y las mínimas posibilidades que existen de ejercer los exiguos derechos que nos quedan. Dicha situación, pese a la coludida insistencia del gobierno y el empresariado en flexibilizar aún más nuestra ya flexible legislación laboral, ha ubicado a nuestro país –según estándares internacionales– en uno de los países más flexibilizados del mundo con un porcentaje de cesantía extraoficial que supera el 14% y que es considerablemente amortiguado por los casi 200 mil puestos de “trabajo” que genera el gobierno con sus programas de empleos (desvergonzada copia de los pinochetistas PEM y POJH), y por la anacrónica, pero funcional a sus intereses económicos, forma de medición de la condición laboral de los trabajadores (en efecto, si una persona trabaja una hora a la semana o trabajó una hora en la semana que fue encuestado es considerado como empleado, es decir, no cesante). No obstante todo lo descrito, que con mayor detalle bien conocemos todos los trabajadores de este país, el hecho que el porcentaje de cesantía oficial (8,5% en promedio) se quintuplique en los jóvenes de entre 12 y 24 años que pertenecen a los sectores más pobres y marginados de nuestra sociedad, sienta un precedente siniestro respecto de las reales posibilidades de sobre-vivencia que éstos y sus familias tienen y al mismo tiempo encuentra un efectivo elemento que perpetúa dicha situación en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Que esta ley –pese a las denuncias que la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) ha hecho respecto de la violación de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por Chile en 1990– rebaje la imputabilidad de los jóvenes de 16 a 14 años incrementado y endureciendo las penas frente a delitos menos graves, no hace mas que expresar el pánico de la clase dominante frente a lo que durante décadas le ha causado a miles de niños y jóvenes de los sectores más deprivados de nuestro país con la droga, la destrucción familiar que ha ocasionado el régimen laboral imperante y una educación reproductora de su condición de pobreza; intentando disminuir a través de uno de los mecanismos de coerción y control social más brutal e insano, como lo es la cárcel o los centros de supuesta reformación, los efectos del despojo inmoral del futuro que hoy mantiene en estado de ebullición los explosivos elementos que sistemáticamente han generado al mantener sobre-viviendo a más del 70% de los habitantes de este país.
Sin embargo, la reflexión no puede quedar sólo ahí, pues otro dato no menor al respecto considerando el debate sobre la privatización de las cárceles chilenas, son los miles y miles de millones de dólares que por ejemplo en Estados Unidos (que no podemos olvidar ha sido y es el modelo a seguir tanto por la derecha como por la Concertación) han reportado las cárceles privadas, pues las cárceles, en ése país, se han convertido literalmente en millonarios centros de esclavitud, ya que los reclusos (obviamente en su mayoría inmigrantes latinos o negros) están obligados a trabajar, por lo que se les paga desde 1 dólar mensual. En ese sentido, no es difícil pensar que si eso ya ocurre bajo el pretexto de la “reformación para la reinserción social” con la población penal adulta de nuestro país, que por lo demás no cuenta con ningún tipo de salvaguardia laboral legal al respecto, es sólo cuestión de empezar a imaginar los jugosos dividendos que generará ese alarmante número de jóvenes encerrados, a quienes le hicieron olvidar que son seres humanos con el derecho a un futuro digno, y que sin duda se incrementará luego de la entrada en vigencia de esta Ley desde el próximo 08 de junio.
Es evidente como la flexibilidad laboral ha cambiado la situación laboral de la clase trabajadora en Chile durante los últimos 20 años. Actualmente, el porcentaje oficial de sindicalización no supera el 10%, un 68% de trabajadores no cuenta con contrato de trabajo -según la encuesta CASEN de 2003- un número de trabajadores, sin duda, mucho mayor está sin contrato indefinido, un 38% de trabajadores se desempeña en lo que los economistas califican como “empleo informal”, es decir, trabajo temporal sin ningún tipo de seguridad social como por ejemplo es el caso de los vendedores ambulantes, lo cual entre muchas otras variantes ha traído como consecuencia una población de trabajadores atomizada y segmentada en categorías que van desde la primera a la última de acuerdo al grado de inestabilidad, precariedad laboral y las mínimas posibilidades que existen de ejercer los exiguos derechos que nos quedan. Dicha situación, pese a la coludida insistencia del gobierno y el empresariado en flexibilizar aún más nuestra ya flexible legislación laboral, ha ubicado a nuestro país –según estándares internacionales– en uno de los países más flexibilizados del mundo con un porcentaje de cesantía extraoficial que supera el 14% y que es considerablemente amortiguado por los casi 200 mil puestos de “trabajo” que genera el gobierno con sus programas de empleos (desvergonzada copia de los pinochetistas PEM y POJH), y por la anacrónica, pero funcional a sus intereses económicos, forma de medición de la condición laboral de los trabajadores (en efecto, si una persona trabaja una hora a la semana o trabajó una hora en la semana que fue encuestado es considerado como empleado, es decir, no cesante). No obstante todo lo descrito, que con mayor detalle bien conocemos todos los trabajadores de este país, el hecho que el porcentaje de cesantía oficial (8,5% en promedio) se quintuplique en los jóvenes de entre 12 y 24 años que pertenecen a los sectores más pobres y marginados de nuestra sociedad, sienta un precedente siniestro respecto de las reales posibilidades de sobre-vivencia que éstos y sus familias tienen y al mismo tiempo encuentra un efectivo elemento que perpetúa dicha situación en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Que esta ley –pese a las denuncias que la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) ha hecho respecto de la violación de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por Chile en 1990– rebaje la imputabilidad de los jóvenes de 16 a 14 años incrementado y endureciendo las penas frente a delitos menos graves, no hace mas que expresar el pánico de la clase dominante frente a lo que durante décadas le ha causado a miles de niños y jóvenes de los sectores más deprivados de nuestro país con la droga, la destrucción familiar que ha ocasionado el régimen laboral imperante y una educación reproductora de su condición de pobreza; intentando disminuir a través de uno de los mecanismos de coerción y control social más brutal e insano, como lo es la cárcel o los centros de supuesta reformación, los efectos del despojo inmoral del futuro que hoy mantiene en estado de ebullición los explosivos elementos que sistemáticamente han generado al mantener sobre-viviendo a más del 70% de los habitantes de este país.
Sin embargo, la reflexión no puede quedar sólo ahí, pues otro dato no menor al respecto considerando el debate sobre la privatización de las cárceles chilenas, son los miles y miles de millones de dólares que por ejemplo en Estados Unidos (que no podemos olvidar ha sido y es el modelo a seguir tanto por la derecha como por la Concertación) han reportado las cárceles privadas, pues las cárceles, en ése país, se han convertido literalmente en millonarios centros de esclavitud, ya que los reclusos (obviamente en su mayoría inmigrantes latinos o negros) están obligados a trabajar, por lo que se les paga desde 1 dólar mensual. En ese sentido, no es difícil pensar que si eso ya ocurre bajo el pretexto de la “reformación para la reinserción social” con la población penal adulta de nuestro país, que por lo demás no cuenta con ningún tipo de salvaguardia laboral legal al respecto, es sólo cuestión de empezar a imaginar los jugosos dividendos que generará ese alarmante número de jóvenes encerrados, a quienes le hicieron olvidar que son seres humanos con el derecho a un futuro digno, y que sin duda se incrementará luego de la entrada en vigencia de esta Ley desde el próximo 08 de junio.
* Artículo publicado en El Despertar de los Trabajadores Nº3, órgano de difusión oficial del Movimiento de Trabajadores por la Base
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