SIMCE... O UNO MÁS DE LOS TUMORES DE LA EDUCACIÓN CHILENA
Por Lissette Núñez
Como era de esperar una vez más los resultados del SIMCE confirmaron lo que ya es parte del conciente colectivo de los habitantes nuestro país, pues año a año la noticia se repite sin cambiar siquiera una coma, es decir, que “la brecha entre colegios ricos y pobres sigue aumentando”, evidenciando la verdadera realidad del Chile “en vías de desarrollo”.
La implementación del SIMCE surge con la reforma educacional de los años 60 y se refuerza con la necesidad de implementar una medición debido al proceso de privatización o municipalización de la Educación Pública iniciado en el año 1981 el cual se consagra y consolida con la imposición de la LOCE, constituyéndolo de este modo en uno de los elementos centrales de las políticas educacionales de nuestro país. El objetivo principal del SIMCE, según el Ministerio de Educación, es “generar indicadores para orientar acciones y programas para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza”. No obstante, la realidad que conocemos dista de este objetivo, pues para lo único que sirven estos indicadores es para establecer comparaciones y evidenciar año a año que los estudiantes de los diversos sectores, municipal, particular y particular subvencionado obtienen puntajes con diferencias de hasta 40 puntos entre los sectores más favorecidos en relación con los más desposeídos; y la diferencia no es exclusivamente de puntaje, mientras las escuelas subsidiadas cuentan mensualmente, en promedio con 30 mil pesos por estudiante las particulares destinan un gasto 7 veces mayor. Cuando llega el momento de dar a conocer los resultados del SIMCE, en vez de dar una explicación certera de por qué permanecen estas diferencias el gobierno de turno se vanagloria de la pequeña escuelita de una localidad lejana y desconocida que prácticamente sin ningún recurso pudo sacar un puntaje más o menos digno, sin reparar en que esa escuelita es una entre miles y miles con malos resultados, manteniéndose en la postura de que todos los niños de todas las escuelas deben aprender por igual ya que no existen entre ellos, diferencias que se lo impidan.
Existen diversas discrepancias acerca de cómo debe solucionarse el tema de los puntajes del SIMCE, hay quienes creen que lo mejor es preparar incansablemente a los estudiantes con ensayos y pruebas similares llegando incluso a desplazar o cercenar de la malla del colegio algunos subsectores considerados “menos importantes”, como Educación Artística, Música o Tecnología, y otros que creen que lo mejor es entregar los contenidos de los planes y programas que a juicio del Ministerio y la LOCE son los esenciales que todo alumno de cierto nivel debe manejar.
Sea cual sea la solución, aún ninguna autoridad educacional ha dado en el clavo, y el SIMCE sigue tornándose una real preocupación para los profesores a cuyo cargo está un curso que deba rendir la prueba, ya que no solo tiene la presión de la posibilidad ganar el título de un establecimiento de excelencia, sino también de mejorar su sueldo de hambre y el de sus colegas, con el bono asignado que acompaña este título. Y sobre las espaldas del gremio no solo descansa esta sutil tortura, la flexibilidad laboral que en nuestro rubro se expresa en los contratos a plazo fijo en el sector particular subvencionado y privado, y los profesores a contrata en el caso de los municipales; le otorga facultad absoluta a los empleadores de determinar, sin más criterio que el económico, que profesores continúan y cuales no en sus establecimientos, lo que se convierte en una rotativa docente que no sólo impide construir identidad de escuela, unidad entre los profesores para organizarse y sindicalizarse, sino que además el trabajar colectivamente en la gestión pedagógica. A cambio de esto nos atomizan, los consejos de profesores son monólogos de los directivos, no hay tiempo para la reflexión pedagógica ni para resolver problemas cotidianos de la escuela, se sobrecarga a los docentes en general con el proyecto de integración (para el cual nadie, ni siquiera los recién egresados, fueron capacitados) y a los profesores de Educación Básica, en particular, que además deben desempeñarse en subsectores que no son de su especialidad; sumándole a todo esto la Evaluación Docente, cuyos resultados sorprendieron a muchos que no quieren reconocer que el problema de la calidad de la educación no es culpa de los docentes, y argumentan diciendo que el proceso era fácil. Respecto de los colegios subvencionados, en particular, el Consejo Asesor en diciembre pasado presentó propuestas entre las cuales Bachelet escogió, por supuesto, la que más nos perjudica como gremio, que ya es un proyecto de ley que está en el Congreso, consiste en que dentro de 4 años, como plazo máximo, todos los sostenedores deberán unirse en corporaciones o fundaciones “sin fines de lucro” para asegurar que los recursos se gasten bien, lo que significaría por un lado un cambio radical en la educación que pretende acabar con los colegios de provisión mixta (del Estado y privada) o sea la culminación de la privatización considerando que tal vez en un corto plazo tampoco tendremos colegios municipales, y por otro una desventaja más para los trabajadores de este tipo de colegios que se enfrentarán divididos a un empleador que se une y fortalece.
Finalmente, nadie se arriesga a poner el cascabel al gato y sabiendo que la LGE (Ley General de Educación) o LOCE “enchulada” no es ni siquiera el principio de la solución a todas las falencias de la educación, sino más bien una aspirina para calmar a los pingüinos, es que tenemos que asumir nuestra tarea de convertirnos como padres trabajadores en propositores y creadores de la educación que están recibiendo nuestros hijos, participando de todos los espacios posibles como reuniones de apoderados, escuelas para padres, centros de padres y actividades extraescolares; y como profesores refundando el Colegio de Profesores para organizarnos en una Organización verdaderamente Democrática de los Educadores de Chile, que sea funcional a nuestros intereses y necesidades, cuya unidad fundamental en su funcionamiento y toma de decisiones sean los Sindicatos de Trabajadores de la Educación.
Como era de esperar una vez más los resultados del SIMCE confirmaron lo que ya es parte del conciente colectivo de los habitantes nuestro país, pues año a año la noticia se repite sin cambiar siquiera una coma, es decir, que “la brecha entre colegios ricos y pobres sigue aumentando”, evidenciando la verdadera realidad del Chile “en vías de desarrollo”.
La implementación del SIMCE surge con la reforma educacional de los años 60 y se refuerza con la necesidad de implementar una medición debido al proceso de privatización o municipalización de la Educación Pública iniciado en el año 1981 el cual se consagra y consolida con la imposición de la LOCE, constituyéndolo de este modo en uno de los elementos centrales de las políticas educacionales de nuestro país. El objetivo principal del SIMCE, según el Ministerio de Educación, es “generar indicadores para orientar acciones y programas para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza”. No obstante, la realidad que conocemos dista de este objetivo, pues para lo único que sirven estos indicadores es para establecer comparaciones y evidenciar año a año que los estudiantes de los diversos sectores, municipal, particular y particular subvencionado obtienen puntajes con diferencias de hasta 40 puntos entre los sectores más favorecidos en relación con los más desposeídos; y la diferencia no es exclusivamente de puntaje, mientras las escuelas subsidiadas cuentan mensualmente, en promedio con 30 mil pesos por estudiante las particulares destinan un gasto 7 veces mayor. Cuando llega el momento de dar a conocer los resultados del SIMCE, en vez de dar una explicación certera de por qué permanecen estas diferencias el gobierno de turno se vanagloria de la pequeña escuelita de una localidad lejana y desconocida que prácticamente sin ningún recurso pudo sacar un puntaje más o menos digno, sin reparar en que esa escuelita es una entre miles y miles con malos resultados, manteniéndose en la postura de que todos los niños de todas las escuelas deben aprender por igual ya que no existen entre ellos, diferencias que se lo impidan.
Existen diversas discrepancias acerca de cómo debe solucionarse el tema de los puntajes del SIMCE, hay quienes creen que lo mejor es preparar incansablemente a los estudiantes con ensayos y pruebas similares llegando incluso a desplazar o cercenar de la malla del colegio algunos subsectores considerados “menos importantes”, como Educación Artística, Música o Tecnología, y otros que creen que lo mejor es entregar los contenidos de los planes y programas que a juicio del Ministerio y la LOCE son los esenciales que todo alumno de cierto nivel debe manejar.
Sea cual sea la solución, aún ninguna autoridad educacional ha dado en el clavo, y el SIMCE sigue tornándose una real preocupación para los profesores a cuyo cargo está un curso que deba rendir la prueba, ya que no solo tiene la presión de la posibilidad ganar el título de un establecimiento de excelencia, sino también de mejorar su sueldo de hambre y el de sus colegas, con el bono asignado que acompaña este título. Y sobre las espaldas del gremio no solo descansa esta sutil tortura, la flexibilidad laboral que en nuestro rubro se expresa en los contratos a plazo fijo en el sector particular subvencionado y privado, y los profesores a contrata en el caso de los municipales; le otorga facultad absoluta a los empleadores de determinar, sin más criterio que el económico, que profesores continúan y cuales no en sus establecimientos, lo que se convierte en una rotativa docente que no sólo impide construir identidad de escuela, unidad entre los profesores para organizarse y sindicalizarse, sino que además el trabajar colectivamente en la gestión pedagógica. A cambio de esto nos atomizan, los consejos de profesores son monólogos de los directivos, no hay tiempo para la reflexión pedagógica ni para resolver problemas cotidianos de la escuela, se sobrecarga a los docentes en general con el proyecto de integración (para el cual nadie, ni siquiera los recién egresados, fueron capacitados) y a los profesores de Educación Básica, en particular, que además deben desempeñarse en subsectores que no son de su especialidad; sumándole a todo esto la Evaluación Docente, cuyos resultados sorprendieron a muchos que no quieren reconocer que el problema de la calidad de la educación no es culpa de los docentes, y argumentan diciendo que el proceso era fácil. Respecto de los colegios subvencionados, en particular, el Consejo Asesor en diciembre pasado presentó propuestas entre las cuales Bachelet escogió, por supuesto, la que más nos perjudica como gremio, que ya es un proyecto de ley que está en el Congreso, consiste en que dentro de 4 años, como plazo máximo, todos los sostenedores deberán unirse en corporaciones o fundaciones “sin fines de lucro” para asegurar que los recursos se gasten bien, lo que significaría por un lado un cambio radical en la educación que pretende acabar con los colegios de provisión mixta (del Estado y privada) o sea la culminación de la privatización considerando que tal vez en un corto plazo tampoco tendremos colegios municipales, y por otro una desventaja más para los trabajadores de este tipo de colegios que se enfrentarán divididos a un empleador que se une y fortalece.
Finalmente, nadie se arriesga a poner el cascabel al gato y sabiendo que la LGE (Ley General de Educación) o LOCE “enchulada” no es ni siquiera el principio de la solución a todas las falencias de la educación, sino más bien una aspirina para calmar a los pingüinos, es que tenemos que asumir nuestra tarea de convertirnos como padres trabajadores en propositores y creadores de la educación que están recibiendo nuestros hijos, participando de todos los espacios posibles como reuniones de apoderados, escuelas para padres, centros de padres y actividades extraescolares; y como profesores refundando el Colegio de Profesores para organizarnos en una Organización verdaderamente Democrática de los Educadores de Chile, que sea funcional a nuestros intereses y necesidades, cuya unidad fundamental en su funcionamiento y toma de decisiones sean los Sindicatos de Trabajadores de la Educación.
A re-apropiarnos del legítimo derecho que todo ser humano tiene de ser creador y beneficiario de uno de los bienes sociales más importante y necesario en la compleja lucha por Una Vida Digna para Tod@s
* Artículo publicado en El Despertar de los Trabajadores Nº3, órgano de difusión oficial del Movimiento de Trabajadores por la Base
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